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Proyecto de reforma constitucional promovida por los senadores Castro, Aravena y Chahuán de fecha 14 de octubre del 2020, buscará establecer prohibiciones de candidatura a cargos de elección popular respecto de personas que hayan sido condenadas a actos por violencia intrafamiliar y deudores o deudoras de alimentos. La constitución política de la republica en su articulo 13 indica que pueden optar a cargos de elección popular todo ciudadano que haya cumplido los 18 años de edad y que no haya sido condenados a pena aflictiva. Esos requisitos, han de ser además complementados por otros que se encuentran dispuestos en leyes especiales, tales como mínimos de edad, obligación de realizar declaración de patrimonio e intereses, etcétera. En términos generales, todas aquellas nuevas normativas vienen en establecer mayores exigencias a quienes pretendan optar a cargos políticos, atendiendo con ello a las necesidades de la ciudadanía en orden a que nuestros representantes cuenten con un mayor estándar de ética y otras características aceptadas socialmente. En ese sentido, fue promovido este proyecto de ley el cual, además de los requisitos particulares de cada elección, buscar prohibir candidaturas de personas que hayan sido condenadas a actos de violencia intrafamiliar o tengan deudas de alimentos vigentes. Respecto de este ultimo punto, el retiro del 10% autorizado por la ley 21.248 dejó en evidencia la gran morosidad en las pensiones de alimentos que existen en nuestro país, incumplimiento que llega casi al 85% de los obligados quienes no cumplen en tiempo o en forma su obligación legal y moral para con los hijos. El tenor del proyecto de ley indica que no podrá ser inscrito como candidato a Presidente de la República, Diputado, Senador o candidato a Convención Constitucional quien tenga, al momento de la declaración de su candidatura, inscripciones vigentes por actos constitutivos de violencia intrafamiliar conforme a la ley, como también quien mantenga deudas por pensiones de alimentos decretados por tribunales por resoluciones que se encuentren firmes y ejecutoriadas. Así las cosas, de aprobarse la reforma en la misma forma en que fue redactada en el proyecto, no podrá postular a los cargos mencionados quien tenga cualquier tipo de anotación por violencia intrafamiliar al momento de la inscripción de la candidatura, lo cual no exigiría entonces una condena por dichos actos incluyendo las suspensiones condicionales en dichas materias y, respecto de las deudas de alimentos, permitiría la candidatura a quien, a pesar de un mal comportamiento de pago en su obligación, no tenga deuda alguna al momento de la inscripción.