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El día 11 de agosto de 2023 comenzó a regir una serie de reformas y mejoras a la actual ley de insolvencia. En específico, se está tratando de facilitar y promover la reorganización de aquellas pymes que sufran problemas financieros, para así evitar la quiebra de estas (o que incurran en procedimientos de liquidación voluntaria o forzosa). La reorganización es un trámite administrativo en que se llega a acuerdo entre el deudor y/o los Acreedores. Se realiza a través de la Superintendencia de Insolvencia. Esta modificación también beneficia a las personas naturales, especialmente aquellas que emiten boletas de honorario, pues ahora, en lugar de ser considerados empresa, serán consideradas como para el procedimiento de persona natural. Los cuatro pilares fundamentales que abarca esta reforma son los siguientes: Creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos para la persona natural y las mypes. Incentivar al reingreso del deudor al sistema bancario y crediticio. Incrementación de tasas de recuperación de créditos. Reestructuración de pasivos. El espíritu de esta norma es promover y fomentar la reorganización por sobre la liquidación, lo que se espera traiga consecuencias efectivas para la economía, provocando también que preserven los empleos en estas empresas. Lo que más se destaca y refuerza por las autoridades del país es que corresponde a un trámite administrativo y gratuito, el que se realiza de forma directa ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esta modificación a la norma también trae cambios positivos para los acreedores, pues también se le permite a aquellos acreedores que no verificaron créditos en un procedimiento de reorganización y que no figuran en el Certificado de Pasivos presentado por la empresa deudora, puedan solicitar al Tribunal que se les aplique el Acuerdo de Reorganización aprobado. Junto con lo anterior, también se amplía el plazo para la verificación de créditos en los procedimientos de verificación y se establece un deber del deudor de colaborar en la entrega de bienes, documentación y/o antecedentes en los procedimientos de liquidación, los que en caso de incumplir por el deudor podrían ocasionar sanciones graves, tales como arrestos o multas. ¿Te interesa saber más sobre cómo esta nueva Ley puede ayudarte a reimpulsar tu negocio? Estamos para apoyarte.