Hace algún tiempo comentamos en nuestra pagina web respecto de la querella por prevaricación presentada por un abogado de la ONG Comunidad y Justicia en contra de un juez suplente de los Juzgados Civiles de Santiago por haber dictado una sentencia en que se acoge el cambio de nombre y sexo de una niña transgénero menor de edad.

Hoy podemos comentar el resultado de este recurso de prevaricación.

Afortunadamente la querella fue rechazada en todas sus partes por el Juzgado de Garantía que conoció del asunto, lo cual representa una confirmación de que el actuar del juez de primera instancia se encontró conforme a derecho sin haber caído en delito alguno. 

Este rechazo a la querella viene a confirmar tanto el actuar del juez en cuestión como la tendencia general y moral respecto a la aceptación y no discriminación de personas de la comunidad LGBTQ, incluidos los menores de edad.

La noticia tiene aun mas relevancia cuando esta en la discusión el paso del llamado “bus de la libertad” por las calles de Santiago, cuyo discurso y mensaje puede interpretarse en contra de la aceptación e igualdad ya señalada.

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 En reiteradas ocasiones hemos recibido consultas respecto a si se puede “renunciar al pago de cotizaciones”, razón por la cual creemos necesario precisar un tema al respecto.

El pago de las cotizaciones previsionales es una obligación irrenunciable de todo empleador, debiendo por tanto cumplir con el descuento legal en las remuneraciones y pagarlo en la respectiva AFP. Lo mismo ocurre con el pago de previsión de salud, sea que el trabajador se encuentre afiliado a FONASA o en ISAPRE.

Será deber del empleador dejar constancia en el contrato de trabajo respectivo la institución en la cual cada uno de sus trabajadores se encuentra afililiado para mensualmente cumplir con el descuento y pago respectivo. 

En este sentido La Excelentísima Corte Suprema en causa ROL 88866-2016, se ha pronunciado respecto a las cotizaciones previsionales y su irrenunciabilidad, incluso en una transacción o finiquito laboral, indicando: “… en relación a lo que dispone el artículo 162 del Código del Trabajo, se debe considerar que a contar de la vigencia de la Ley 19.631, el empleador para poner término al contrato de trabajo de un dependiente por las causales de los Números 4,5 y 6 del artículo 159 o por alguna ...

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La moción de los diputados Berger, Monckeberg y Paulsen expone que es claro en nuestra legislación que se requiere que la investigación este formalizada para que el fiscal y el querellante puedan solicitar medidas cautelares personales. Agregan que en el caso de las medidas cautelares reales, si bien el inciso 2º del artículo 230 establece que el fiscal debe formalizar la investigación para solicitar medidas cautelares reales y personales, dado que en el caso de las cautelares reales el artículo 157 no se exige formalización previa (a diferencia de lo dispuesto en el artículo 140 para las cautelares personales), surge la duda de si la víctima, sea o no querellante, puede pedir una medida cautelar real sin esperar que la investigación esté formalizada.

Pero, ¿Qué son las medidas cautelares reales?

Estas medidas, están definidas en nuestro código de procedimiento civil, y son las siguientes:

Art. 290 C.P.C
    1a. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda;
    2a. El nombramiento de uno o más interventores;
    3a. La retención de bienes determinados; y
    4a. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

De su simple lectura, se evidencia la utilidad que tendrían en un proceso ...

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El día 29 de Mayo del presente año fue promulgada una nueva ley que viene en modificar el Código Penal, la ley de Violencia Intrafamiliar, el Código Procesal Penal y otras normas con el objeto de sancionar con mayor fuerza conductas que involucren maltrato psíquico o físico en contra de menores de dieciocho años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

Previo esta ley, las sanciones penales solo eran aplicadas si el maltrato ejercido provocaba lesiones físicas, lo que en definitiva, dejaba sin castigo distintas figuras de maltrato psicológico, tales como el trato degradante o situaciones de humillación a niños a adultos mayores por parte de quienes los tienen bajo su cuidado 

La ley promulgada establece también una mayor penalidad en el caso que el agresor tenga un deber especial de cuidado o protección, como sucede en el caso de educadores, cuidadores o instituciones de cuidado publicas o privadas.

Aquellos hechos pueden ser denunciados directamente a través de la Fiscalía o de Tribunales de Familia para que estos remitan los antecedentes a los organismos competentes.

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