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Grandes han sido las discusiones a nivel político y social de las exigencias manifestadas en la calle por buena parte de la población en los últimos meses y si bien a veces parece lejano llegar a un acuerdo entre los diferentes sectores, la colaboración y las nuevas ideas serán esenciales en el desarrollo de políticas publicas acordes a las exigencias actuales. Solo existen 2 propuestas concretas contenidas en la Agenda Social impulsada por el Gobierno en relación al mundo inmobiliario. Por un lado, el proyecto de ley que rebaja el pago de contribuciones o impuesto territorial a las personas mayores de 60 o 65 años dependiendo de su sexo y, por otro, el proyecto de ley que crea un nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario que exceda en total la suma de 200 millones de pesos en avalúo fiscal. A simple vista ambas propuestas apuntan al incremento de la equidad en la sociedad, rebajando, por un lado, la carga tributaria para nuestros adultos mayores en consideración de las bajas pensiones de vejez y, por otro, un aumento de la misma carga tributaria para aquellas personas con mayor patrimonio a nivel de bienes inmuebles. Si bien son relevantes los puntos considerados en esta materia, podemos efectuar diversas criticas que vuelven insuficientes las medidas para las necesidades actuales de nuestro país. En cuanto al contexto actual, debemos considerar el impacto inmediato en lo económico que ha traído el estallido social en el mercado inmobiliario, con estadísticas que hablan de una disminución de un 17% en la venta de departamento nuevos en la Región Metropolitana y de un 7% en el caso de las casas. Esto según cifras de plataformas de ventas y promoción online de inmuebles. Evidentemente podemos extrapolar esta disminución a la compra y venta de viviendas usadas de la misma forma, siendo su principal causal la sensación de incertidumbre en el mercado y la economía en general. En base a lo anterior, uno de los principales desafíos que tendrá el Gobierno será precisamente el incentivo de la economía, para el incremento de la oferta y demanda en este mercado especifico, el cual históricamente ha sido un mercado muy poco intervenido por el estado, disminuyendo la posibilidad de acceso de los sectores mas vulnerables de la sociedad. Frente a la crisis actual, surge la oportunidad de plantear nuevas propuestas para asegurar el desarrollo sostenible en todo ámbito del negocio inmobiliario, pudiendo abordar los elementos de la sostenibilidad.