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La ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue puesta a disposición de las autoridades chilenas en Rotterdam, Países Bajos, para que cumpla la condena de 5 años y un día por fraude al fisco ratificada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 23 de marzo. La condenada estuvo prófuga de la justicia chilena por 112 días, porque ni durante el juicio ni tras la condena fue objeto de la medida cautelar de arraigo nacional. El peligro de fuga, que es el fundamento fáctico de dicha cautelar personal fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en su oportunidad: la realidad se encargó de dar la razón a los y las que estaban por la prohibición de dejarla salir del país. Para quienes suelen desconfiar o desconocer la eficacia del Derecho Internacional, esta es una buena muestra de lo equivocados que pueden estar. Países Bajos pertenece a una liga de países donde el fraude al fisco se considera más que un delito, un atentado contra la democracia. De tal manera que el destino elegido por la ex edil de la “perla del norte” de Chile, no pudo haber sido más errado para intentar evadir la acción de la justicia. Decimos evadir, porque eso justamente intentó: arguyó en el país europeo ser víctima de una persecución política, hasta el punto de solicitar derechamente asilo por dicha causa, además de supuestamente no haber tenido un juicio justo y que la pena efectiva era desproporcional al delito que cometió. La extradición, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es “la entrega de una persona por parte de las autoridades de un Estado a las del otro que la reclama judicialmente”. Ésta puede ser activa o pasiva, según si se requiere a un imputado/a que se encuentra en el extranjero o cuando un imputado/a se encuentra en territorio nacional es requerido por otro país, respectivamente. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, reza el refrán popular. En este caso, la condena se hará efectiva contra Karen Rojo en territorio nacional (extradición activa) y es de esperar que al menos durante la mitad de su pena (2 años, 6 meses y 13 horas) no pueda acceder a beneficios penitenciarios, y esto lo haga como todos los demás ciudadanos/as: bajo el imperio de la ley.