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Defensora de la niñez Patricia Muñoz, presenta acción judicial por delitos de homicidio frustrado, tortura y encubrimiento en relación al adolescente de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca al momento de su asesinato. La ley 21.067 que creó la defensoría de los derechos de la niñez, establece en su articulo segundo que esta tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior. En virtud de dicha función, según establece el articulo 3 y 16 de la mencionada ley, se regula la posibilidad de la defensoría de interponer acciones y deducir querellas, siempre y cuando se traten de hechos que involucren a niños y revistan caracteres de gravedad, relevancia o interés social comprometido, como lo fue el caso de Camilo Catrillanca acaecido en el mes de Noviembre del año 2018. Contextualizando aquella situación, Camilo fue un comunero Mapuche asesinado al recibir, por la espalda, un tiro en su cabeza por parte de funcionarios del comando Jungla” de Carabineros. Aquel asesinato fue cometido en presencia de un adolescente de 15 años que lo acompañaba, menor de edad que fue violentamente detenido al momento de los hechos. Dados los hechos presenciados por el adolescente, que evidentemente vulneran gravemente su interés superior, la defensoría presentó una acusación ante el Juzgado de Garantía de Temuco, y en contra de los ocho acusados, por presuntos delitos de homicidio frustrado, tortura y encubrimiento en contra de los ex funcionarios de Carabineros que efectuaron la detención del adolescente, haciendo uso de las facultades previamente descritas. Aquella acusación, que es la primera que ha sido realizada por la defensoría desde su creación en el año 2018, señala que los acusados profirieron ráfagas de disparos en contra el tractor que movilizaba al adolescente, lo que pudo haberle causado la muerte, habiendo sido este además detenido violentamente sin mediar resistencia alguna al proceder policial. Agrega la acusación que, permaneciendo el adolescente frente a los acusados de pie, desarmado y con las manos levantadas, el funcionario policial lo lanza al suelo, lo golpea en diversas partes del cuerpo y lo obliga a permanecer boca abajo en el barro para luego inmovilizarlo atando sus manos con injustificada presión, poniendo una de sus piernas sobre su espalda causándole lesiones físicas. El juicio será conocido por el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol a partir del 02 de Marzo del 2020.