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Durante la última semana de enero, diputados de la nueva mayoría presentaron el proyecto de ley denominado Chao jefe”. Dicha ley permitiría prohibir que los empleadores se comuniquen con sus trabajadores/as fuera del horario laboral. La situación que gatilla este proyecto es preocupante. Según el informe anual elaborado por la OCDE, Chile, sigue estando entre los 5 países en que las personas más horas trabajan al año. Se entiende así, el porqué de la motivación de estos legisladores de regular la falta de desconexión fuera del horario laboral, permitiendo de esta forma un respiro a los trabajadores luego de salir de sus trabajos. Dicha propuesta de ley es un buen paso para lograr que el país posea una política de calidad de vida en el trabajo, sin embargo, me parece necesario analizar el cómo se sancionaría estas acciones, teniendo en cuenta que si es el/la mismo/a trabajador/a es quien denuncia podría este no hacerlo a fin de evitar consecuencias posteriores que afecten su continuidad en la empresa. Muchas veces son las jefaturas, más no la empresa, quienes no dejan que los trabajadores se desconecten una vez terminada su jornada laboral, y a mi parecer deberían ser estas mismas quienes deban hacerse cargo del pago de una multa, no la empresa, salvo que ésta efectivamente incentive o tolere este tipo de conductas por parte de las jefaturas. Así la sanción se impondría por el empleador hacia las jefaturas que incumplan la normativa, existiendo de esta forma una protección al trabajador/a y evitaría que la ley finalmente se convierta en letra muerta, ya que el pretender que sean los mismos trabajadores quienes denuncien haría que la ley tuviese escasa aplicación práctica. Así mismo lo entendió LG Uplus, empresa operadora de móviles en Corea del sur, quien amenazó con despedir a las jefaturas que envíen mensajes a sus trabajadores/as después del horario laboral. Francia fue el primer país en poner en marcha el 1 de enero del 2017 la llamada ley de desconexión electrónica, la cual ha sido un claro ejemplo para todos los países, sin embargo el mecanismo de sanción establecido no se adapta a la realidad de nuestro país, al hacerse a través del sindicato, hecho que no es factible en Chile, ya que no todas las empresas tienen agrupación sindical. En este sentido, no debemos olvidar nuestra realidad como país y la necesidad de la existencia de mecanismos reguladores que permitan un correcto cumplimiento a la normativa, por lo que las sanciones presentarían una buena manera de asegurar esto y de posibilitar el verdadero fondo de este proyecto: el mejorar nuestras relaciones interpersonales, niveles de productividad y por sobretodo, nuestra calidad de vida. El proyecto de ley es un claro avance para mejorar la calidad de vida de los/as trabajadores/as, sin embargo debemos tener en consideración que no es factible imponer una prohibición sin sanción, debiendo ser estas pensadas a la realidad de nuestro país.