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En el ultimo año se ha intensificado el debate por la aparición de los nuevos sistemas de transporte alternativo como Uber y Cabify, los cuales vinieron a entregar una alternativa a un mercado de transporte publico poco profesional y negligente en muchos aspectos.Si bien estas plataformas no se encuentran regularizadas al día de hoy, su masificación es reflejo de la disconformidad de los usuarios con los sistemas antiguos de taxis, radiotaxis o colectivos, por lo que el análisis respecto a su regularización no puede dejar de tomar en consideración este factor social.Sumado a lo anterior, estas plataformas de transporte han dado oportunidades laborales a muchas personas en situación de cesantía o han permitido completar renta a personas jubiladas, por lo que su aporte a nivel social no puede negarse siendo imposible para la autoridad simplemente imponer su rechazo absoluto o prohibirlo de manera alguna.Así las cosas, el Gobierno ha presentado al congreso un proyecto de ley que busca regular estos sistemas de transporte en los siguientes aspectos:Las empresas que entreguen este servicios deben estar instaladas en Chile e incorporadas a un registro.Las empresas deberán entregar información anónima sobre recorridos, servicios y tarifas, con lo que el Ministerio de Transporte podría imponer restricciones respecto a la congestión de determinadas vías o cobrar impuesto a las empresas.Las empresas deberán contratar seguros para los usuarios en caso de accidentes.Los conductores de estos servicios deberán contar con licencia profesional y no tener antecedentes penales por delitos sexuales, conducción en estado de ebriedad, delitos de drogas, entre otros.El objetivo al regularizar el funcionamiento de estas empresas es el control en la calidad de los conductores y la protección a los usuarios, la cual hoy es inexistente. Es por ello que en caso de incumplirse alguna de las exigencias del proyecto de ley, la empresa infractora podría arriesgar la aplicación de multas en su contra y en casos de infracciones reiteradas, podría perder su registro, viéndose impedida de operar legalmente en nuestro país.Pero mas allá de la intención de la ley en regularizar y proteger a los usuarios, la opinión de especialistas sobre el proyecto en comento es que algunos de sus puntos podrían resultar en extremo restrictivos, pudiendo impedir en la practica la entrada de nuevos actores al mercado. Se ha señalado esto especialmente respecto de la exigencia de la licencia profesional (cuyos requisitos no difieren mucho de la licencia normal) y la obligación en entrega de información respecto de viajes a las empresas (información que nunca ha sido solicitada a taxis)A pesar de lo anterior, la discusión publica y las protestas del gremio de taxistas no han disminuido en lo mas mínimo. La postura de estos contradictores es extrema y simplemente quieren que no se permita el ingreso al mercado de estas nuevas plataformas digitales de transporte publico. Es lamentable que el gremio manifieste una oposición tan extrema a estas nuevas tecnologías, sobre todo en consideración que el motivo de su proliferación fue precisamente la mala calidad del servicios prestado por ellos. Esperamos que el proyecto de ley ingresado al Congreso regule de manera eficiente y justa la integración de estas nuevas empresas al mercado del transporte publico, sobre todo considerando que la necesidad de ellos radica en la necesidad de los usuarios mismos y los cambios en el uso de las tecnologías.