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En los últimos días, ha estado en discusión el proyecto de Ley que busca regularizar el funcionamiento de UBER en nuestro país.El proyecto que fue ingresado hoy a la cámara de Diputados, indica, entre otras cosas, que tanto UBER como CABIFY, tendrán la obligación de constituirse como empresas legalmente en Chile, e inclusive, integrar el Ministerio de Transportes. Como consecuencia de lo anterior, los conductores que deseen operar con UBER o CABIFY, deberán cumplir una serie de requisitos, que hasta hoy en día, no formaba parte de las exigencias generales para operar con estas aplicaciones: -Poseer licencia profesional A1-No tener antecedentes penales: En específico, esto se refiere a no tener delitos en sus respectivos certificados de antecedentes de alta connotación social” (Abuso sexual, manejo en estado de ebriedad o drogas). El proyecto de Ley también establece sanciones para las empresas y conductores, que fluctuarán entre 10 a 100 UTM ($ 477 mil a $ 4,7 millones aproximadamente). En caso de infracciones reiteradas, el Ministerio de Transportes podrá eliminar a la aplicación de su registro.Desde Uber, se manifestaron un tanto preocupados por la nueva propuesta, en atención a que se les exigiría informar al ministerio los kilómetros recorridos, horarios y zonas en que opera el servicio. Cabify, por su parte, indicaron que al cumplir con la mayoría de los requisitos que establece la iniciativa, están conformes con la propuesta. Los que definitivamente no están contentos con el proyecto de Ley ingresado al Congreso, son el gremio de los taxistas, los que ya amenazaron con manifestaciones para el próximo lunes 30 de julio con o sin autorización”. Claramente, la iniciativa del Gobierno de regularizar el funcionamiento de estas aplicaciones en Chile, debe ser valorada, ya que beneficiará directamente a los usuarios de los mismos. Sin lugar a dudas que debiera quizás incluirse el pago de impuestos por parte de la empresa, a fin de igualar las condiciones con el gremio de los taxis, y limitar su número, tal como se les exige a los demás operadores de transporte público. Lo cierto, es que este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, sin carácter de urgencia, por lo que es probable que dicho proyecto demorará alrededor de 1 año en convertirse en Ley de la República.