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Dos regímenes de responsabilidad que representan ambas caras de una moneda La responsabilidad extracontractual, en términos generales, es aquella obligación que afecta a una persona en cuanto a resarcir los daños que se provoquen a otra por cualquier motivo. Esto sin que existan causales que eximan de responsabilidad al obligado a la reparación del daño. Doctrinariamente se ha señalado que exista frente a un cao en concreto este tipo de responsabilidad deben concurrir los siguientes elementos de forma copulativa: • Que exista una acción u omisión • Que dicha acción u omisión sea dolosa o culpable, es decir, que haya sido realizada con intención de provocar daño a otros o que sea producto de negligencia. • Que esta acción u omisión dolosa o culpable provoque un daño a terceras personas. • Que existe un vinculo de causa y efecto entre el hecho y el daño provocado. Por otro lado, como se dijo previamente en un articulo de esta misma pagina, la falta de servicio es un concepto que no tiene definición especifica en nuestro ordenamiento jurídico, pero ha sido definida por la jurisprudencia ampliamente, entendiéndose esta como la mala organización o el mal funcionamiento de un servicio publico que causa un daño a terceras personas. El origen de la falta de servicio se encuentra en nuestra Constitución Política, que en su articulo 38 señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. Como puede verse del articulo indicado anteriormente, se consagra a nivel constitucional una responsabilidad del estado por los perjuicios que sus órganos o funcionarios puedan causar. De esta forma los requisitos de la responsabilidad extracontractual cambian un poco cuando nos encontramos frente al actuar de agentes del Estado o en cumplimiento de sus funciones, exigiéndose solo 3 elementos copulativos para ella proceda: • Que exista una acción u omisión por parte de un órgano del Estado • Que esta acción u omisión provoque un daño a terceras personas. • Que existe un vinculo de causa y efecto entre el hecho y el daño provocado. Se elimina en estos casos la calificación de dolo o culpa respecto del acto cometido, no siendo necesario que se haya actuado de esta forma para que proceda la reparación del daño. Esto es así, puesto que se atribuye un nivel de responsabilidad mayor a los órganos del Estado en su actuar frente a terceras personas, entendiendo que se encuentran obligados, solo por su función, a guardar mayores resguardos en el ejercicio de sus funciones, y solo siendo procedente las causales de eximición de responsabilidad como caso fortuito o fuerza mayor. Redactado por Leticia Campos Garnier Abogada especialista en Derecho Civil.