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Sigue la polémica por la Ley Exprés y el derecho de los votantes Nueva Mayoría ha expresado rechazo ante la decisión del Gobierno de no perseverar con la Ley Exprés, que tenía por objetivo enmendar los errores de domiciliación arbitraria en el padrón electoral. La Cámara de Diputados se reuniría para votar por el proyecto, cuando el vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, anunció la decisión del mismo de no perseverar en su tramitación. Esto causó reacciones inmediatas entre parlamentarios pertenecientes a diferentes sectores políticos. Nueva Mayoría enseguida mostró su rechazo al retiro manifestando que el riesgo presentado por el Proyecto de Ley era mínimo y que hubiera resuelto satisfactoriamente el problema para la mayoría de los votantes. Muchos hubieran preferido que se llegara a la opción de aprobarlo o rechazarlo en la Cámara. El objetivo principal debe ser garantizar unas elecciones confiables y transparentes, con la menor cantidad de dificultades o riesgos posibles. Pero también existe una expectativa entre el público y los actores políticos sobre el establecimiento de responsabilidades acerca de los errores cometidos en el padrón, debido a lo grave de las consecuencias. Sin embargo algunos diputados expresaron su inconformidad por detectar lo que a su parecer pudiera ser un pocode improvisación en el proyecto de ley. Problemas en el sistema electoral Hasta ahora no existe claridad acerca de cómo se generó el origen del problema, más de 463 mil personas han sido afectadas por un cambio de domicilio decho de forma unilateral por el Servicio Electoral, de forma que no pueden votar en la comuna en la que residen realmente. Tanto el Servicio Electoral como el Registro Civil responsabilizan por el error a la otra parte. El problema es de tal alcance que ha escalado hasta los ministros del comité político Marcelo Díaz (Segegob), Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Mario Fernández (Interior), puesto que se esperaba que lograran los acuerdos necesarios para poder tramitar en tiempo récord la ley que pretendía corregir los errores a través de la duplicación del padrón. Aunque afecta la confianza en los resultados de las próximas elecciones y el problema estalló a tan solo unos días, muchas partes afirman que el problema nació desde la promulgación de la ley de inscripción automática y voto voluntario. Hasta la Presidenta Michelle Bachelet apoyó la tesis y afirmó que el Gobierno ha hecho lo posible por solventar la situación, que según ella se presentaba desde el año 2012, teniendo un efecto acumulado hasta la fecha. La promulgación de la Ley 20.858 de Inscripción Automática y Voto Voluntario, supuestamente tuvo consecuencias a la hora de regular la capacidad de Servel para responder a problemas técnicos, como la depuración del padrón, teniendo que confiar en los datos entregados por organismos como el registro Civil. Esta data había presentado fallas en las Elecciones Municipales cuando se presentó un gran número de personas fallecidas habilitadas para votar. En 2014 se comienzan a efectuar los primeros cambios de domicilio, de manera obligatoria y unilateral, a todas las personas que fueron a renovar el documento de la cédula de identidad. A mediados de año el problema se intensifica al revelarse que los cambios de domicilio para votar llegaban a afectar a casi ocho millones de personas. Esta cifra se redujo luego a 3 millones por parte del Servel que identificó a personas fallecidas, repetidas, menores de edad o electores con los dato incompletos. De allí se redujo la cifra a 485 mil luego de una depuración más exhaustiva. Sin embargo el director del Registro Civil se refirió a los problemas generados como un ajuste informático con errores humanos. El proceso se explicó de la siguiente forma: que el usuario al solicitar la renovación de su cédula de identidad podía exigir el cambio de su domicilio electoral. El error estuvo en registrar con exactitud lo solicitado por el elector. Sin embargo se intentó establecer un formulario por parte de Servel para que los usuarios pudieran registrar su domicilio real. El director del Registro Civil sin embargo declaró el 13 de octubre que serían sólo 17 mil personas las afectadas por este error, pero no fue respaldado por Patricio Santamaría, director de Servel, quien insistio en la cifra llegaba a los 467.273 afectados, anunciando que se entregarían los antecedentes al Ministerio Público. Por parte del Ejecutivo se solicitó un a propuesta de Servel para solucionar el conflicto. Así es como se llega a la decisión, a ocho días de efectuarse las elecciones, mediante una reunión entre los ministros del comité político y Servel. El asunto más importante es que aún hoy no existe consenso de cuál es la cifra real final de afectados si la que proporciona Servel o la de Registro Civil. Ambas difieren por mucho. Sin embargo las diferencias no son sólo en cantidad, sino en establecer el origen de la falla en algo tan importante como el manejo de los datos personales. Lo que resta del caso de aquí al domingo, es ya el establecimiento de responsabilidades posterior. A pesar de todo las elecciones se efectuarán en un clima de desconfianza y duda institucional, así que queda hacer las evaluaciones pertinentes al estado de cosas con respecto a la corrección efectiva del padrón y las responsabilidades sobre el caso. En este sentido el Gobierno ya tomó una acción entregando un oficio en Contraloría con el objetivo de efectuar sumarios administrativos y establecer de forma clara las responsabilidades sobre el caso. Este texto fue firmado por Nicolás Eyzaguirre ministro Secretario General de la Presidencia, en donde se solicita indagar sobre "problemas de inconsistencia entre la información que maneja el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Electoral". Otorgándole poder a la Contraloría "para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que se desempeñan en cualquiera de las entidades bajo su control". Además de este aspecto lo que más preocupa de la situación es el ambiente político que se vive en torno a la situación, que más que eso debiera generar un debate técnico y ciudadano para mejorar la gestión de los datos por parte de las instituciones. Por supuesto se añade la necesidad de tomar medidas legislativas consensuadas para prevenir este tipo de casos y no sólo para corregirlos.