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Este año se han planteado diferentes propuestas y reformas para modificar la Ley de Pesca, a través de reuniones del gobierno y parlamentarios. Sin embargo las polémicas no han dejado de suscitarse entre las distintas partes y una serie de protestas han tenido lugar en días recientes, pero qué exactamente propone esta ley y qué modificaciones se requieren? La idea principal planteada por el Gobierno es que los derechos no son gratis y no son para siempre, por lo que se busca aumentar la recaudación fiscal a través de las patentes pesqueras. Esto se maneja desde un enfoque de bienes públicos, dado que se habla de la explotación comercial de un recurso que pertenece a todos los chilenos. Pero estos costos son penosos para la industria y esta no forma parte de la mesa de trabajo. En 2016 la recaudación por impuesto específico y patentes de pesca se ubicará en US$ 27 millones, que es un aumento de 18% con respecto a 2015. También es una preocupación el estudio e investigación sobre temas relacionados a la libre competencia que ayudarían a determinar mecanismos efectivos para modificar las licitaciones. Este papel de investigación se le ha asignado a las universidades para integrarlo a la realidad pesquera del país. El objetivo es determinar de forma adecuada la igualdad de condiciones y una correcta recaudación para el Estado. Propuestas para la Ley de Pesca La propuesta más fuerte por parte del Estado apunta para cambiar los mecanismos de licitación es igualar los pagos de licencias pesqueras, en vez de usar las dos categorías actuales. Estas categorías son A y B; las A abarcan los derechos históricos que posee el sector industrial, cuyo período de vigencia es de 20 años con derecho a renovación. Las licencias tipo B surgen mediante subastas con un período de vigencia es de 10 años. Se critica el hecho de que las licencias tipo A, de mayor duración, cuesten mucho menos en valor que las B. Luego de la entrada en vigencia de la Ley de Pesca en 2013 el valor por tonelada de pesca aumentó de $ 12.300 a $ 17.300. Una aumento del 40% del valor neto de los recursos pesqueros después de aplicarse la Ley. Después de estos 20 años de licencia de los derechos pesqueros tipo A, se presentan dudas con respecto a qué hacer a partir del término de estos. El mecanismo de renovación es donde radica la polémica. La renovación noes un derecho constituido sino una expectativa, por lo que muchos sugieren que no pueden existir renovaciones de licencias automáticas. Una posible solución es una nueva licitación de los derechos una vez que caduquen, de forma quelas licencias estén al alcance de todos los interesados y se pague por ellas un precio de mercado. De manera que el Gobierno está abierto a un aumento gradual del valor de la licitación. En el momento actual el 85% de las licencias se encuentran en manos de la industria y el resto es licitado. El objetivo es buscar una paridad 50-50 a medida de que las licencias industriales caduquen. Sin embargo algunas cifras apuntan a que la explotación del recurso se efectúa de forma equitativa, de acuerdo a algunas cifras presentadas. Las polémicas apuntan a que el gran beneficiado por la Ley de Pesca es el sector industrial, y posteriores escándalos relacionados con sobornos por licencias han salido a relucir. Sin embargo las cifras oficiales muestran que la pesca artesanal se beneficia equitativamente del recurso, después de la aprobación de la Ley de Pesca. Según las cifras de Sernapesca en el año 2013 las cifras de toneladas por desembarques se repartieron de la siguiente forma: 1.019.489 toneladas para la gran industria (65.4%) y 538.677 toneladas para la pesca artesanal (34.6%). Pero para el año 2014, 964.883 toneladas fueron para la industria y 874.950 para el sector artesanal, lo que representa 52.5% y 47.5% respectivamente. Sin embargo el presidente de Fenaspar, Hernán Cortés, declaró en una ocasión sobre los impactos de la ley sobre la pesca artesanal lo siguiente: la ausencia de la plataforma social que resguarda a las tripulaciones cuando las pesquerías entran en crisis. Ya tenemos el caso de los salmoneros en el sur que no hallaban de dónde sacar los fondos para ir en ayuda de los pescadores”. Recalcan otros sectores relacionados con la pesca artesanal que las medidas afectan negativamente al sector porque las licencias A mantienen el 76% de la capacidad de pesca en manos de siete familias, en detrimento de los pescadores, sin considerar, además las consecuencias de lapesca de arrastre. Sin embargo los críticos encuentran un gran obstáculo en el hecho de que el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría. Otro aspecto fundamental es el problema de la sostenibilidad. En este sentido los expertos aseguran que se han conseguido avances importantes, entre los que se encuentran: mejoras en la biomasa del jurel, langostinos, sardinas, camarones y anchoveta. El informe de la FAO La FAO no se refirió en su informe a los aspectos polémicos antes mencionados como las licitaciones, cuotas o renovaciones. El organismo hizo hincapié en la determinación de las sanciones, señalando que se debe revisar el sistema de sanciones existentes y los criterios utilizados para el establecimiento de multas”, además de la severidad y efectividad de las mismas. Para la FAO las prioridades son la sostenibilidad y la seguridad laboral, esto debido a que los recursos pesqueros a nivel mundial están en peligro y que la mano de obra ilegal se han convertido en un problema.