“…Si vives en una población donde se tranza con drogas, estás sin empleo y tienes hambre, poco importará contagiarse con la nueva pandemia si el narcobenefactor garantiza con qué alimentar a tu familia a cambio de tu silencio o incluso tus “servicios”…”
Chile y en especial la Región Metropolitana, ha sido duramente golpeada con la pandemia del Covid-19, acumulando a la fecha más de 80.000 contagiados. La cuarentena total para toda la región y algunas comunas aledañas al Gran Santiago, decretada desde el 15 de mayo y renovada hasta el viernes 5 de junio al menos, tiene confinadas a más de 7.5 millones de personas.
Por diversas razones, justificadas o no, un grupo importante de la población se ha visto obligada a desplazarse por la ciudad, pero a un ritmo significativamente menor que hasta el 15 de marzo. De ahí que la incidencia de ciertos delitos haya caído, aumentado otros o incluso no afectando la comisión de algunos. Entre ellos, los ilícitos vinculados al tráfico de drogas.
Si bien los réditos económicos que generan los delitos vinculados a la Ley Nº 20.000, se enfrentan a un escenario de incertidumbre por la eventual escasez de sustancias ilícitas con las cuales comerciar, la realidad demuestra que aún existen suficiente liquidez para comprar armas -ya sea mediante redes sociales o medios de comunicación, se da cuenta a diario del uso de armas en la vía pública o en funerales por parte de miembros de alguna importante banda de narcotraficantes- o, lo que no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad, para financiar las necesidades de los vecinos y vecinas de las comunidades en las que residen.
La narcosolidaridad, que existe desde la fuerte irrupción y auge del negocio ilícito de las drogas en las poblaciones vulnerables de todas las grandes ciudades de Chile (y no sólo allí), con énfasis en Santiago, significa la donación “voluntaria” y la “aceptación” incluso forzada de recursos por parte de personas de un barrio en que viven los traficantes. Si a eso, sumamos la emergente cesantía que ha generado la propagación inusitada del Covid-19 y la lenta reacción del Gobierno central para ir en ayuda de las personas más volubles, la narcosolidaridad muchas veces es la “única” salida. Y por qué decimos que es así: si las personas no tienen trabajo o tienen uno con baja remuneración, hijos que alimentar y encima están obligados a permanecer en sus hogares por el riesgo de contraer la pandemia más agresiva de los últimos 100 años, la caja de mercadería que se entrega por los “soldados” del narcobenefactor o los dineros que éste inyecta para lo que se necesite, generan en el “beneficiado” la obligación de silenciar lo que ocurra afuera de su casa en caso de ser interrogados por la policía o en el peor de los casos, ya sea por necesidad o ambición, esos mismos vecinos o vecinas ingresen al negocio como nuevos/as “soldados”.
El círculo vicioso en estos casos, que es previo a la masificación del Covid-19 en Chile, sólo refleja que la realidad delictual de muchas personas no es azarosa ni menos voluntaria: si vives en una población donde se tranza con drogas, estás sin empleo y tienes hambre, poco importará contagiarse con la nueva pandemia si el narcobenefactor garantiza con qué alimentar a tu familia a cambio de tu silencio o incluso tus “servicios”.
