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“…parece razonable la creación de tribunales de ejecución de penas y medidas cautelares. Con jueces especializados, más la colaboración de unidades especiales de las policías, incluso con participación de inspectores municipales, si el caso lo amerita, se podría paliar o al menos morigerar la cifra negra de femicidios que arrastra el país” A propósito de incontables causas de violencia contra mujeres, habitualmente en contexto intrafamiliar, es que en los Juzgados de Garantía del país tras formalizar cargos el Ministerio Público contra los agresores, se decretan en contra de ellos diversas medidas cautelares personales con la finalidad de proteger la seguridad de las víctimas y en algún punto de la sociedad en su conjunto. Si quisiéramos aproximar las veces que los jueces de garantía decretan dichas medidas cautelares, hablaríamos casi en términos absolutos. Es decir, casi siempre se establecen, por lo que en principio las víctimas podrían sentirse seguras porque en el papel, están protegidas. La realidad, eso sí, demuestra que la efectividad en la ejecución de las medidas cautelares o el control por parte de las policías de estas dista con creces de lo que las víctimas requieren para sentirse arropadas por el sistema procesal penal. Un obstáculo que surge antes siquiera de la imposición de la medida cautelar, es la dotación policial. Al no existir una unidad de Carabineros o PDI especialmente destinada a controlar o gestionar las medidas cautelares, ese trabajo de agrega por defecto a las diversas labores diarias que tienen que hacer, dejando un amplio margen de discrecionalidad a las policías en cuanto a priorizar y dar efectiva supervisión a la efectividad de estas. Al no ser labor de las Fiscalías del país o de los Juzgados de Garantía el seguimiento y control de las medidas cautelares o las policías no contar con las unidades especializadas necesarias o el número de agentes para integrar dichas unidades, queda la legítima duda ¿Quién se hace cargo de las víctimas? Normalmente las redes de apoyo de estas, cuando existen. Familiares cercarnos, amigos comprometidos. Sin embargo, quien debiera tener ese rol protagónico es el Estado. Si bien las policías son una manifestación de la fuerza legítima de éste, en Chile al menos, no alcanzan a brindar protección a las víctimas de violencia y, si hablamos de mujeres, a la fecha ello se ha traducido en 36 personas muertas. Con ese duro antecedente, parece razonable la creación de tribunales de ejecución de penas y medidas cautelares. Con jueces especializados, más la colaboración de unidades especiales de las policías, incluso con participación de inspectores municipales, si el caso lo amerita, se podría paliar o al menos morigerar la cifra negra de femicidios que arrastra el país. Si bien la violencia contra las mujeres no se agota en ningún caso con medidas posteriores a su perpetración, al menos significaría un primer paso para erradicar un mal endémico de la sociedad chilena. Políticas públicas de prevención, que son resorte de un trabajo multisectorial entre los ministerios de Educación, de la Mujer y la Equidad de Género, incluso de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, podrían significar una reducción y hasta una eventual erradicación de la violencia y maltrato sistemático a las mujeres en Chile en un futuro, esperaríamos no tan lejano.