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La ley I+D nacida en el 2008 establece que toda empresa que realice actividades de este tipo tiene derecho a rebajar, del impuesto de primera categoría, un 35% del gasto asociado a sus proyectos de I+D siempre que sean certificados por Corfo, y el 65% restante se reconoce como gasto. La ley de investigación y desarrollo se flexibilizó en el año 2012 con el objetivo de que las empresas chilenas tuviesen un contacto más amplio con las comunidades científicas de las universidades chilenas, según la empresa alemana BASF, la chilena Celco y la noruega Aquagen la tasa e índice de esta relación lo ubicamos en tres patrones: El 14% se utilizó en centros tecnológicos independientes a lo largo de todo el territorio nacional. El 21% se utilizan en centros universitarios o asociaciones científicas suscritas a una universidad. El 65% se utilizan en proyectos de esta modalidad. Sin embargo, existen sus contrapartes ante esta ley, dicha oposición nace en las universidades argumentando que Chile no se volverá un país más avanzado de manera tecnológica debido a que las empresas no serán competitivas en el marco tecnológico, para dicho problema se responde con los apoyos Spin off, es decir, un emprendimiento autónomo científico. Es fundamental cooperar con instituciones que han realizado el descubrimiento”. La firma alemana BASF –una de las mayores inversionistas en la Ley I+D- que no realizan investigaciones en el marco de la Ley de I+D sin la participación de instituciones de investigación locales. La empresa actúa como antítesis de las declaraciones universitarias que no quieren conflictos sino un marco de cooperación que es muy difícil que una firma transnacional invierta la gran cantidad de recursos que requieren estos proyectos, ya que el mercado objetivo local inicial es pequeño y además la empresa no tiene el conocimiento básico y local sobre la enorme diversidad de plantas que podrían ser utilizadas para la generación de productos naturales de este tipo para el mercado. Otro caso es del Patrick Dempster, de la Noruega Aquagen, explica que la relación entre empresas y comunidad universitaria se hace difícil debido a que estas últimas ya tienen su propia inversión tecnológica autónoma proporcionada por la misa universidad, Soquimich realiza estudios internos, para no delegar su misión productiva. Por eso se realizó una inversión importante centros autónomos y estructurados, que posean la iniciativa de colaborar de manera paralela con la empresa, siendo las firmas las que aportan gran parte del capital investigatorio. Al juicio de las marcas, todavía falta mucho para que Chile sea un país organizado en el ámbito tecnológico, con un sistema jerárquico y participativo.