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La Dirección de Presupuestos ha señalado en un reciente informe, presentado al Ministerio de Justicia, que los fondos para programas del Sename destinados a justicia juvenil bajaron desde el año 2012. El panel de la Dirección de Presupuestos opina que el trabajo desarrollado por Sename resulta en muchos casos insuficiente, de manera que recomienda al Ministerio profundizar las acciones y un plan de trabajo conjunto para contribuir a posicionar mejor la labor llevada a cabo por los Organismos colaboradores acreditados del Sename (OCAS). Esta recomendación de la Dirección se hizo posteriormente a un estudio de la relación del Sename con las distintas entidades que trabajan a cargo de la justicia juvenil. El estudio se hizo en base al análisis de tres programas: medidas cautelares ambulatorias, salidas alternativas, sanciones con no privativas de libertad y reinserción social. Esa es una de las recomendaciones que un grupo de especialistas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda entregaron a Justicia, tras estudiar la relación del Sename con las entidades que trabajan en justicia juvenil. Se analizaron tres programas: medidas cautelares ambulatorias y salidas alternativas, sanciones no privativas de libertad y apoyo a la reinserción social. Números del Sename El número de atendidos disminuyó de 19.757 menores en 2012 a 18.698 en 2015. Entre 2012 y 2016 el presupuesto del servicio aumentó un 40,91%, representando en moneda $ 181 mil millones a $ 255 mil millones. Durante el mismo período el aporte a los planes ejecutados por estos organismos ha disminuído en un 3.52%, de $ 34.972 millones en 2012 a $ 33.740 millones este año. Se aprecia un mínimo en el año 2015 de $ 31.840 millones. Sin embargo el fenómeno observado es el aumento del presupuesto global del organismo y la disminución de los fondos para estos programas ligados a la justicia juvenil. Ante esto el organismo señala que han estado intensificando las labores en otras áreas de trabajo. Entre esas áreas de trabajo se encuentra la protección de derechos, en donde se ha concentrado el 85% de atendidos, para pasar del número de 125 mil a 146 mil menores en esa área considerada prioritaria. Sin embargo el informe presentado por la Dipres no se queda allí. No sólo se analiza la baja de los recursos: se hace un análisis de la efectividad de los planes. Es así como se determinó que de 1.453 que ingresaron en 2012 al Programa de Libertad Asistida, 600 reincidieron en ilícitos al año, para un 40% de tasa de reincidencia. Para el período de los dos años desde la salida de los jóvenes del programa y su reinserción, la tasa de reincidencia aumenta al 55%, con un número de 803 jóvenes reincidentes. Para el Programa de Servicios en Beneficio de la Comunidad ingresaron 1.998 jóvenes en 2012, 833 mostraron reincidencia a los 12 meses de egresados, y esta cifra sube a 1.139 a los 24 meses del egreso, para tasas de reincidencia de 41% y 57% respectivamente. Otra observación de la Dipres señala la necesidad de avanzar en la adecuada especificación técnica de los perfiles de los usuarios de los distintos programas” y establecer criterios técnicos y teóricos que, basados en evidencia, contribuyan a una mejor especificación y, en consecuencia, a un sistema más eficaz”. Para muchos los problemas del Senama van más allá de la asignación de recursos, porque el informe revela que el simple aumento de presupuesto notiene porqué tener una influencia directa en la calidad y efectividad de los programas ofrecidos. El objetivo de la ley Penal del Adolescente es la rehabilitación de las conductas de los adolescentes con problemas delictivos, para lo cual es necesario el análisis y definición de los perfiles psicológicos para poder obtener buenos resultados. De esta forma podría buscarse una mejora significativa en la implementación de los programas y atacar las altas tasas de reincidencia y quebrantamiento de la ley. Par esto lo ideal sería la aplicación de tratamientos diferenciados de acuerdo con los análisis de los perfiles. Ley Penal Adolescente La Ley Penal Adolescente está en vigencia desde 2007, sin embargo nunca ha estado exenta de crítica. A principios de este año la Secretaría del Senado realizó un informe enviado a la Fiscalía Nacional por la aplicación de esta ley que regula las sanciones aplicadas a jóvenes de entre 14 y 17 años que hayan incurrido en delito. Estas sanciones son de cuatro tipos: internación en régimen cerrado; internación en régimen semi cerrado; libertad asistida en dos modalidades (simple y especial) y; prestación de servicios a la comunidad. Este sistema de sanciones plantea ciertas dificultades como que en el caso de internación en régimen cerrado no existe una regla establecida para el quebrantamiento. Cada juez puede efectuar una sentencia distinta puesto que están previstas diferentes medidas como: reingresar al adolescente condenado al centro” o condonar el tiempo que el adolescente ha estado quebrantando la condena, sin fundamento legal alguno”. Lo que se aúna al problema de que no existe la obligatoriedad de presentación de informes que ayuden al fiscal y a los tribunales a encontrar una sanción adecuada para los jóvenes que han delinquido. Esto dificulta la elaboración de un contexto claro para las causas que llevaron al joven a delinquir. Otro problema a ojos de los especialistas es la falta de una regla de acumulación de sanciones. Esto ha provocado una realidad difícil en donde jóvenes reincidentes deben esperar a cumplir una gran cantidad de medidas acumuladas por crímenes menores, en su mayoría. La internación provisoria es también fuente de discordia, que provoca una diversidad de criterios judiciales con respecto a su procedencia, debido a que tampoco existen referencias a las circunstancias materiales completas que darían lugar a esta medida. Este informe también se encarga de señalar que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y otras instancias similares, la especialización de los actores del circuito penal se constituye como ‘un derecho’, lo que implica que desde el primer momento en que el adolescente ingrese al sistema penal, cuente con profesionales expertos en el ámbito de la infancia y adolescencia”.