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La ley contra el bullying fue sancionada en 2011. Entre sus avances establece que los colegios deben denunciar el acoso obligatoriamente cuando constituye delito, como en el caso de lesiones graves o violencia psicológica. En caso contrario pudieran exponerse a multas de hasta 500 unidades tributarias. Desde su implementación se registran alrededor de 4320 denuncias, lo que constituye una reducción de 3% con respecto a 2011, si tomamo en cuenta el período anterior a su implementación. Desde 2009 se había registrado un alza en las mismas, año en el que se hicieron 2000 denuncias. Este descenso en las denuncias pudiera indicar que los programas integrales para solucionar el problema previstos en la ley, estarían dando resultados. En este sentido la ley establece mucho más que sanciones, ya que obliga a los colegios a tener protocolos de acción, que sean de conocimiento de toda la comunidad, además se nombran encargados de convivencia escolar y se toman medidas de prevención. Es una política dirigida a prevenir antes que a resolver problemáticas cuando ya están muy desarrolladas. Y todo tiene origen en los colegios que son los encargados directos de gestionar estas políticas. Según datos de fiscalizaciones que realiza la superintendencia a los colegios, se ha detectado un alto nivel de cumplimiento en los mismos. Según datos de la Fide estos resultados se respaldan, ya que señalan que la mayoría de los colegios estaban cumpliendo con los aspectos formales para 2013. Incluso algunos colegios habían aplicado antes los criterios propuestos por la ley. El principal enfoque de la ley y las medidas tomadas constituyen la incorporación del factor de responsabilidad sobre las acciones por parte de los alumnos, además de la participación de la comunidad en la resolución y prevención de los problemas. También se recoge el dato por parte de la Superintendencia que el 41% de las denuncias provienen de abusos psicológicos de adultos hacia niños, como profesores, personal de la escuela, etc. Sin embargo persisten los problemas estructurales presentados por los elementos culturales que se resisten a tomar completamente las medidas para cambiar las dinámicas negativas de las escuelas. El Fide denuncia que aún existen colegios que le bajan el perfil a la problemática, además de que algunos jueces desestiman denuncias hechas por alumnos o representantes. Lomás importante es establecer la atención primaria por parte de los profesores y directores que tienen los niveles de responsabilidad más directos y por tanto deben ser capaces de identificar y parar a tiempo la violencia. Si a este nivel se desestiman las denuncias es difícil que estas tengan una resolución. Otro aspecto importante es la identificación de las causas del problema. Si no se establecen herramientas para que profesores identifiquen las situaciones problemáticas, la actividad se reduce a la aplicación de protocolos ante hechos puntuales y no a una política que resuelva y prevenga este tipo de situaciones, de forma duradera. Además deben establecerse recursos claros para actuar frente a la víctima y el agresor, individualmente y en conjunto. Cultura escolar para ley contra el bullying Según algunos registros de encuestas, 1 de cada 10 alumnos en Chile sufre de acoso escolar.Cuando se propuso la ley para ser discutida muchos factores hicieron al crítica de que los manuales de convivencia propuestos por la ley ya se estaban implementando desde hacía un tiempo en los colegios. Sin embargo señaló que de esta forma los colegios tendrían la obligación de actuar, aplicar unas medidas estándar y las autoridades estarían vinculadas a asumir el compromiso. En su oportunidad el Diputado proponente, Marcelo Díaz, declaró: Se plantea elaborar un plan de convivencia escolar que exige pautas metas, objetivos y herramientas para abordar el fenómeno del abuso escolar en los colegios. Por otra parte, la creación de consejos de prevención del maltrato escolar integrados por la comunidad docente, por los alumnos y los representantes de los padres y apoderados, y en tercer lugar la confección de un reglamento que contempla las conductas no permitidas y las sanciones asociadas a esos comportamientos”. También en ese momento el académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiagoy experto en el tema, Jaime Retamal, señaló que la medida era ineficiente y precaria, pues el documento no podía regular las relaciones interpersonales desarrolladas en los liceos: Es algo muy básico. Los manuales de convivencia, con participación inclusiva de todos los actores y reglamentos de convivencia interna se está ejecutando en todos los liceos del país, por lo tanto, me parece un proyecto de ley bien retrasado y no sirve de nada para mejorar la convivencia al interior de los establecimientos educacionales”. Otros en su momento señalaban que era preocupante que con una ley se pudiera intentar criminalizar el fenómeno, que las soluciones apuntaban a crear clases de mayor calidad y más entretenidas para mejorar la convivencia. También a localizar los planes, adaptándolos a cada instituto educativo en particular con ayuda de los profesores y alumnos. En este sentido, Retamal recalcó: Debe apuntar a potenciar los proyectos educativos de cada escuela, en atención a los contextos que cada establecimiento tiene relativos a la convivencia y al clima escolar. Cada escuela o liceo es un mundo distinto, por eso sería una muy mala señal que hubiera una ley punitiva, castigadora, y no un programa nacional con fondos concursables, donde los establecimientos educacionales puedan poner a prueba su creatividad e innovación, para mejorar su clima escolar”. Igualmente importante y no previsto en la ley es la participación de los padres en casa, quienes deben atender a las señales de abuso y tomar las medidas pertinentes de forma temprana. Sin embargo estono quiere decir que se deba estigmatizar al agresor. Lomás importante es el apoyo y la debida atención a las víctimas, de forma rápida y de acuerdo con los procedimientos establecidos, con la participación de todas las partes afectadas. Esta legislación ha buscado estar a la par de las tendencias internacionales para tratar este problema creciente, que algunos califican de epidemia.