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Nuestra Constitución Política consagra desde el año 1925 la separación entre estado e Iglesia, calificando a nuestro país como un estado laico en el cual existe libertad de culto y derecho a la no discriminación en esta materia. La separación entre estado e iglesia busca que no exista intervención de instituciones religiosas en los asuntos de interés publico, con la intención de crear políticas de carácter inclusivo para todos sus ciudadanos. Si bien, lo anterior es lo consagrado en la Constitución, la realidad esta aun alejada de la aplicación practica de este principio de estado laico, ya que tanto las instituciones religiosas como las creencias personales de los políticos influyen directamente en la organización del estado y en la aplicación de políticas publicas. Un ejemplo claro de lo anterior ha sido la discusión respecto a la ley de aborto en 3 causales que se encuentra en discusión en el Congreso, donde los sectores mas conservadores se han opuesto al proyecto por motivos de dignidad humana en base a conceptos religiosos. Por otro lado, el acuerdo de unión civil, que ya se encuentra en vigencia, tuvo su origen en la discusión sobre matrimonio igualitario”, respecto del cual no se pudo llegar a consenso por motivos religiosos y la concepción de santidad” del matrimonio desde los sectores mas conservadores. Es por ello que surge la institución de acuerdo de unión civil, la cual tiene mínimas diferencias en lo practico con el matrimonio pero no lleva ese nombre. Como podemos ver, aun falta mucho para lograr la completa secularización de nuestro estado, ya que las concepciones religiosas aun afectan las políticas de estado que afectan la vida de todos los chilenos, sigamos o no la creencia religiosa dominante.