Blog & Noticias

Se da una paradoja social propiciada por el COVID-19: mientras se hace un llamado a la población en general a mantenerse en sus hogares, logrando con ello una menor circulación de las personas por el país, la comisión de delitos aumenta” Desde el 18 de marzo de este año, rige en Chile el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por la pandemia generada por la enfermedad COVID-19. Ello ha implicado en los hechos, que el Gobierno en diversas comunas del país, haya optado por implementar cuarentenas obligatorias, limitando la libertad ambulatoria de los y las ciudadanas que residen en aquellos lugares. Si a ello sumamos, que por las noches desde las 22:00 y hasta las 05:00 horas del día siguiente existe toque de queda a nivel nacional, supervisado por el Ejército de Chile, nadie entra ni nadie sale de sus domicilios sino en casos excepcionales y justificados. Sin embargo, diversos medios de comunicación, autoridades locales y parte de la opinión pública han ido dando cuenta de un aumento significativo en la comisión de delitos normalmente asociados a robos con violencia o intimidación o con fuerza en las cosas, contra la propiedad en general, violencia intrafamiliar y asociados a la ley de drogas. La lógica indica que, si hay menor población flotante en las calles, el número de delitos debiera ir a la baja. No obstante, la realidad indica que no ha habido un respeto irrestricto a las medidas de confinamiento dinámico y selectivos que ha promovido el Ministerio de Salud. Y ello en especial, si estamos frente a potenciales autores de delitos. Se da una paradoja social propiciada por el COVID-19: mientras se hace un llamado a la población en general a mantenerse en sus hogares, logrando con ello una menor circulación de las personas por el país, la comisión de delitos aumenta, vulnerando con ello no sólo diversos bienes jurídicos protegidos por la ley penal sino también disposiciones de orden sanitario, favoreciendo un peligro objetivo de contagio de la pandemia. En la búsqueda de responsables por esta situación se puede apuntar en distintas direcciones: falta de personal policial en las calles, respuesta tardía de los mismos a las denuncias realizadas por la población, irrespeto de las personas a las medidas de confinamiento, entre otras. La sensación de impunidad, junto al descontento de la población que cumple las medidas de restricción por cuarentenas obligatorias o no, pueden generar un efecto inverso al esperado: ya sea por una razón o la otra, la desobediencia civil podría facilitar que las personas justifiquen tomar justicia por mano propia o relativizar las instrucciones que disponga la autoridad sanitaria con relación al combate actual contra el COVID-19. Es de esperar que el enfoque sanitario del Gobierno, abarque a su turno la creciente preocupación de la ciudadanía en orden a la efectiva prevención de los delitos, pues después que pase la actual crisis por la pandemia COVID-19, será esa misma población la que castigue o premie mediante el voto en futuras elecciones, a quienes estuvieron a la altura de las circunstancias o quienes olvidaron su rol frente a sus votantes.