“…El nuevo Chile desde una óptica criminológica bajo cualquiera de los candidatos mencionados, transitará por derroteros conocidos y que actualmente conviven en constante tensión que, esperemos, el nuevo texto constitucional en ciernes solucione y defina…”.

Tras las recientes elecciones primarias de los pactos “Apruebo Dignidad” y “Chile Vamos”, resultaron vencedores los candidatos Gabriel Boric y Sebastián Sichel, respectivamente. Entendiendo que son 2 candidatos fijos en la papeleta de la próxima elección presidencial de Chile por el periodo 2022-2026, se hace necesario conocer sus posturas respecto al Derecho Penal, Procesal Penal y/o política criminal.

En el caso de Gabriel Boric, “Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Refundación de Policías”, es el título dentro de su programa de gobierno en el que aborda en 5 puntos distintas temáticas relacionadas. “Enfoque de Género y Derechos Humanos”, 2º apartado bajo el título ya mencionado, plantea fortalecer la autonomía del Ministerio Público y coordinación con las policías, a la vez que la equiparación de la Fiscalía a la Defensoría Penal Pública; dictar una Ley de Ejecución de Pena con presupuesto asociado y jueces y duplas psicosociales que acompañen el proceso del condenado/a; nueva Ley de Drogas, que “no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios”, entre otras iniciativas de orden político criminal más que Penal o Procesal Penal.

Sebastián Sichel, por su parte, “Derecho a vivir con Seguridad” es la denominación que ocupa dentro de su programa de gobierno para aludir a lo que nos convoca. Tras expresar un diagnóstico del título, manifiesta distintas propuestas relacionadas. Crear un Ministerio de Seguridad y Orden Público, separado del actual Ministerio del Interior y con focalización exclusiva en funciones de orden público, coordinación con policías y estrategias de seguridad nacional. Nuevo código penal, nuevos delitos y nuevos medios probatorios, reformulando el código punitivo “en aras de asegurar la igualdad de trato y garantías individuales», creando nuevos medios probatorios que “faciliten las herramientas necesarias para su presentación” y la tipificación de nuevos delitos “relacionados con el daño a la infraestructura pública y desórdenes públicos”. Creación de una policía especializada contra el narcotráfico, “creando una estrategia policial especializada, como ocurrió con la creación de la DEA en Estados Unidos, destinada al control de drogas y enfrentar el narcotráfico”.

Se denotan ideas con enfoques diversos de la pena, pero clásicos, pues mientras Boric pone el acento en políticas criminales de orden prevencioncista, Sichel lo hace desde una postura retribucionista. Es decir, mientras el primero tiene su punto de partida en la teoría preventiva especial que focaliza la finalidad de la pena en el individuo a la que va dirigida y su eventual resocialización, el segundo se acerca al retribucionismo donde la pena cumple un fin en sí mismo, cuya función es restablecer el daño causado, resarciendo a las potenciales víctimas mediante el poder punitivo del Estado.

En síntesis, el nuevo Chile desde una óptica criminológica bajo cualquiera de los candidatos mencionados, transitará por derroteros conocidos y que actualmente conviven en constante tensión que, esperemos, el nuevo texto constitucional en ciernes solucione y defina.

Rodrigo Zapata Peña

Abogado Penal