Moneda 1040, Piso 8, Oficina 802, Santiago, Chile.

Hace más de 3 años, se tramitaba en el congreso un proyecto de ley que buscaba fortalecer al SERNAC, otorgándole nuevas facultades.

El día de hoy (25 de octubre) fue despachado en tercer trámite constitucional de la cámara de Diputados del congreso el proyecto, lo que permitirá que en un plazo de 6 meses sean estrenadas estas nuevas prerrogativas.

Dentro de las modificaciones más sustantivas, se encuentran nuevas facultades normativas, fiscalizadoras y lo que muchos esperaban, más facultades sancionadoras.

Al respecto, el ministro Rodríguez Grossi aseguró que “hemos logrado una ley que va a ayudar a los consumidores a ser respetados por el mercado y también a la economía en general, porque en la medida que los agentes económicos se comporten bien, le va mejor a la economía y por eso estamos muy contentos”.

 

En cuanto a la fiscalización,  uno de los puntos que más se destaca es la normativa que obligará a las empresas a responder los reclamos de consumidores, ya que de no hacerlo recibirán una sanción del Servicio. En este sentido, si la respuesta no fuera satisfactoria para el consumidor, la nueva normativa abre un nuevo espacio de conciliación para que se llegue a acuerdos que sean satisfactorios para ambos, dando preferencia a una reparación por sobre la imposición de multas.

Hasta hoy, ante esta situación el consumidor tenía que acudir al Juzgado de Policía Local.

Las multas también fueron elevadas, llegando hasta un máximo de 2.250 UTM ((actuales $ 105 millones, aproximadamente) en el caso de prácticas que pueden afectar la salud, seguridad y medio ambiente o derechos fundamentales. En este ámbito, la ley actual contempla una multa de entre 750 UTM y 1.000 UTM.

 

NUEVAS FACULTADES NORMATIVAS:

Por su parte, el proyecto de ley le otorga al nuevo Sernac la posibilidad de dictar normas -facultad que no tenía actualmente- lo que a juicio de Economía, “permitirá que las empresas tengan un marco conocido para ordenar su comportamiento, dándoles certezas sobre cuál es la conducta esperada de su parte”. En esta línea, el proyecto elevó el plazo de prescripción de seis meses a 2 años y establece que éste se contabilizará desde que haya cesado la infracción.