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Ha surgido como noticia en los últimos días la querella por prevaricación presentada por un abogado de la ONG Comunidad y Justicia en contra de un juez suplente de los Juzgados Civiles de Santiago por haber dictado una sentencia en que se acoge el cambio de nombre y sexo de una niña transgenero menor de edad.
 Debemos tomar en consideración que la dictación de la sentencia del juez querellado se basa en una interpretación armónica de la ley, la cual incluye la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 4.808, Ley 17.344 y nuestra Constitución Política, además de los testimonios tanto de familiares como de peritos del Servicio Medico Legal que acreditan la condición de la menor.
 Por otro lado, la querella presentada en contra del juez que dicto la sentencia en cuestión se basa, por su parte, en una lectura estricta del texto legal, criticando las interpretaciones subjetivas o armónicas de la misma, sumado a la clara tendencia conservadora y religiosa de la organización que auspicia la misma.
 La querella en cuestión busca que el juez sea formalizado, acusado y condenado por el delito de prevaricación, arriesgando ser inhabilitado de su cargo e incluso ser privado de libertad.
 En este sentido cabe señalar que el abogado querellante olvida que en el ámbito del derecho civil privado toda persona puede hacer todo aquello que no este expresamente prohibido por la ley y que ello permite una interpretación de la ley que de lugar a conceder acciones judiciales como la de esta familia respecto de su hija transgenero. No existiendo norma expresa que prohíba el cambio de sexo en la partida de nacimiento y habiéndose cumplido los requisitos legales que enmarcan el procedimiento judicial no debería darse lugar a la querella en cuestión.
 Todo lo anterior cobra aun mas relevancia en el contexto de que nuestro país tiene una ley de identidad de genero aun en tramitación ante el Congreso a pesar de que Chile se ha comprometido internacionalmente a la protección y respeto a la identidad de genero y a los principios de no discriminación por identidad u orientación sexual, por lo que aun estamos en deuda con las personas en esta condición y con los jueces como el afectado en este caso, quienes de manera progresista protegen estos derechos y principios.