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Es sabido que una vez que se decide iniciar los trámites de divorcio, cualquiera que sea su fórmula, ya sea unilateral o de mutuo acuerdo; la ley exige la comparecencia personal del solicitante, tanto para autorizar patrocinio y poder al momento de presentar la demanda como para las audiencias preparatoria y de juicio respectivamente.

Estas exigencias, no son antojadizas y el legislador ha sido muy acertado en así establecerlo.

En cuanto al patrocinio y poder, éste sólo se constituye válidamente según lo preceptuado en el artículo 6° de nuestro actual código de procedimiento Civil, es decir:

 

  1. El constituido por escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad;

  2. El que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro, y subscrita por todos los otorgantes; y

  3. El que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa.

 

Si nos fijamos lo que preceptúa el número 1; nos podremos dar cuenta que es posible constituirlo mediante escritura pública, lo que en la práctica, tiene el nombre de mandato judicial. Este mandato judicial, en otras materias es bastante útil ya que ahorra al cliente el tener que asistir al tribunal a constituirle poder a su Abogado e inclusive, siempre que el mandato vaya bien detallado, lo puede absolver de asistir a algunas audiencias en las que su Abogado, ahora mandatario, podrá asumir válidamente su representación, también podrá inclusive aceptar acuerdos, renunciar a acciones, percibir dineros, etc.

En lo que respecta al Derecho de Familia, al ser un derecho de carácter especial de contenido eminentemente ético; que regula las relaciones personales y de familia que derivan entre las personas; el legislador ha sido congruente con el resto del ordenamiento jurídico; al exigir la comparecencia personal del involucrado para la gran mayoría de las gestiones judiciales que intenten las partes. Y el divorcio, por supuesto, no es la excepción.

Así, la ley exige que se lleven a cabo ciertas ritualidades dentro del juicio, que a primera vista sólo puede realizar la misma persona en presencia del juez. A saber:

 

  • Conciliación: Este es un trámite esencial que debe seguir el Juez y que se lleva acabo en la audiencia preparatoria. En este caso, tiene que ver con la exigencia obligatoria que hace el artículo 67 de la Ley de Matrimonio Civil: “El juez, durante la audiencia preparatoria, deberá instar a las partes a una conciliación,examinando las condiciones que contribuirán a superar el conflicto de la convivencia conyugal y verificar la disposición de las partes para hacer posible la conservación del vínculo matrimonial”. Este llamado a conciliación, en el caso del divorcio, necesariamente se relaciona con la nula intención de reanudar el vínculo matrimonial, y que necesariamente debe constar en el proceso.

 

  • Compensación económica: La ley la define en el artículo 64, en los siguientes términos: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”. En los casos en que ésta no sea incluida como demanda reconvencional o en la contestación correspondiente; el juez debe consultar a las partes si conocen el derecho que tienen de solicitarla y a su vez; si consienten en renunciar a ella. Esto según lo exige el artículo 64 de la Ley de matrimonio Civil, que en su inciso segundo establece: “Si no se solicitare en la demanda, el juez informará a los cónyuges la existencia de este derecho durante la audiencia preparatoria”.

 

Es principalmente por esos dos trámites, que el mandato judicial ordinario (útil para otras materias) parece ser menos efectivo en esta materia en particular, ya que como dijimos, a pesar de que se podría presentar legalmente la demanda de divorcio unilateral o la solicitud de mutuo acuerdo; no eximiría al mandante para tener que asistir a la audiencia preparatoria al menos.

Es así, como mucha gente, ve entrampada su posibilidad de divorciarse ya que por diferentes razones, les es imposible o muy complicado, asistir al tribunal. Ya sea por motivos laborales, de distancia o porque simplemente, no quieren volver a toparse con su respectivo marido o mujer.

Para ello, es posible modificar un mandato judicial ordinario, para convertirlo en un mandato judicial especial, que contenga estas declaraciones exigidas por la ley; eximiendo al mandante de volver a declararlas ante el tribunal que conozca del divorcio.

Eso sí, este mandato judicial especial, debe ser cuidadosamente redactado por el abogado, conteniendo todas las exigencias que hace la ley de forma expresa para que así, el tribunal no tenga reparos en considerarlas como válidas y pueda decretar en definitiva el divorcio. De esta forma, el mandante, sólo debe coordinar la firma de este mandato ante Notario Público, cualquiera de su preferencia, y lo demás, queda en manos de su abogado.